COMUNICADO · Vecinas y Vecinos de los barrios Playa Norte, General Paz , Bajo Judiciales y los Quinchitos

Compartimos información sobre una denuncia presentada a la Municipalidad de Santa Fe, por las intimidaciones que funcionarios municipales llevaron adelante contra una familia de avenida Gral. Paz al 8600.

Nuevos atropellos en barrios del NE de Santa Fe

En el marco del proceso de lucha por un hábitat digno, inclusivo y participativo que viene desarrollándose desde las vecinas y vecinos de los barrios Playa Norte, General Paz (frente al GADA), Bajo Judiciales y los Quinchitos, con el acompañamiento de las organizaciones sociales Manzanas Solidarias, MOI, Canoa y Tramas, queremos dar a conocer a la ciudadanía de Santa Fe una serie de episodios repudiables perpetrados por funcionarios de alto rango de la Municipalidad de Santa Fe contra vecinas/os de uno de los mencionados barrios.

Victoria Escobar y Osmar Gárnica, quienes viven en Gral. Paz al 8600 junto a sus dos hijos, uno de cinco meses y otro de dos años, recibieron en el transcurso del corriente mes tres visitas intimidatorias. Utilizando un automóvil con identificaciones de la Municipalidad de Santa Fe, tres personas que -sin proceder a identificarse- invocaron ser agentes municipales les anunciaron de buenas a primeras que el día viernes 17 de febrero, durante la mañana, los iban a “sacar” de allí, con policías y máquinas para tumbar la casa de ser necesario, y los iban a trasladar a los “quinchitos” de Alto Verde. Estos “quinchitos” son semejantes a los construidos sobre el terreno de la Estanzuela Echagüe, de fracaso reconocido públicamente por la funcionaria Sara Lauría (titular de la Agencia Santa Fe Hábitat) enla Asamblea realizada en el barrio el día 21 de enero, y forman parte de una operatoria municipal que prioriza los desalojos y el negocio inmobiliario en vez de la vida digna de todas las personas.

En el trascurso de dichas acciones, merodeó el hogar de esta familia una camioneta sin identificaciones desde la que les tomaron fotografías.

Ante la desesperación causada por estas amenazas y la proximidad de la fecha del ataque anunciado, el matrimonio solicitó ayuda a sus vecinas/os y a las organizaciones sociales que los apoyamos. Entre todos advertimos de forma inmediata a distintas instancias municipales sobre las flagrantes violaciones de derechos que se estaban perpetrando. El día 17 de febrero fue un día de alerta en todos los barrios. Afortunadamente, a resultas de las acciones emprendidas, no se sumaron más agresiones a esta familia.

Victoria y Osmar formalizaron una denuncia ante la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad (Expte. 0862-851299-8) contra estas iniciativas de agentes municipales que proceden por vías de hecho al margen de toda legalidad, sin respetar las garantías mínimas en materia procedimientos vinculados con la vivienda ni los derechos de la familia a permanecer en el lugar en que habita.

Con la denuncia presentada la familia espera que su reclamo, dirigido por las vías institucionalmente previstas al efecto, concluya en la identificación y sanción de los responsables de este ejercicio de la brutalidad.

Hasta el momento, en respuesta a la denuncia hemos sido informados en sede municipal de que el funcionario que habría participado de estas “visitas” ilegales con amenazas de expulsión es el Subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Sebastián Montenotte, a partir de un pedido que habría formulado una institución de Guadalupe. La total ilegalidad de estas amenazas se basa en una identificación discriminatoria y grosera entre pobreza y delincuencia, de acuerdo con la cual los derechos que deben ser asegurados son los de algunos vecinos con patrimonio más importante, sin importar si para ello es necesario violar flagrantemente los derechos de otros vecinos/as generándoles la más angustiosa inseguridad. Curiosa visión del orden y la seguridad esta que encarna la mencionada Subsecretaría, que procede violando las leyes y los derechos, y así expandiendo la inseguridad de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Lamentablemente, esta visión no constituye una excepción, sino que se evidencia también en otras acciones y propuestas del Municipio sobre la situación habitacional de los barrios más postergados.

Resulta indispensable que la comunidad toda tome conocimiento de estos gravísimos hechos que van en contra de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y las leyes nacionales y provinciales. Sobre todo cuando los acontecimientos relatados emanan de autoridades designadas para la consecución de intereses generales y no tan sólo de intereses de unos pocos, en el marco de un Estado que queremos democrático y que garantice un derecho a la ciudad para todas y todos.

Organizaciones sociales Manzanas Solidarias – MOI – Canoa – Tramas

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